JURISDICCIÓN 10

MINISTERIO PÚBLICO

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

La Constitución Nacional establece en su Título Primero correspondiente al Gobierno Federal cuatro secciones pertinentes a los clásicos tres poderes del estado y la Sección Cuarta, Artículo 120, trata del Ministerio Público, órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República Argentina, integrado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD).
El Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) es el órgano constitucional encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. En especial, tiene por misión velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte y procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes (Artículo 120 Constitución Nacional y Ley 27.148).
Las funciones de control de legalidad que realizan los fiscales en materia civil, comercial, laboral, electoral, previsional, contencioso-administrativo federal y ejecución fiscal, se destaca especialmente el ejercicio de la acción penal pública actuando como parte acusadora en el proceso penal.
En los últimos años, y fundamentalmente en razón de la necesidad de investigar modalidades delictivas y organizaciones criminales más complejas y sofisticadas, el organismo fue experimentando un constante y significativo incremento de su nivel de actividad y despliegue. 
El Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales sobre la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, el lavado de activos, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, la prostitución infantil, la violencia de género, los ciber-delitos, el contrabando, los delitos ambientales, entre otros, que generan responsabilidades directas que recaen sobre los órganos de prevención y, en particular, sobre los órganos responsables de la persecución penal.
Asimismo, resulta necesario destacar en torno a la implementación del sistema procesal federal de tinte acusatorio previsto en la ley 27.063 (B.O. 10/12/2014) que por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 188/24 se modificó la Ley 27150 y se le otorgaron facultades al Ministerio de Justicia de la Nación para llevar adelante la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019). En ejercicio de esa atribución, mediante las resoluciones 63/2024 y 64/2024 el Ministerio dispuso la entrada en vigencia del CPPF a partir del 6 de mayo de 2024 en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. A su vez, a través de las resoluciones N°165/2024 y 216/2024, el Ministerio de Justicia dispuso la implementación del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción Mendoza, a partir del 5 de agosto de 2024, y en los distritos de General Roca y Comodoro Rivadavia a partir del 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2024, respectivamente. A fines de 2024, el Ministerio también dispuso la puesta en marcha del sistema acusatorio en los distritos de Mar del Plata y Bahía Blanca (que comprende a esa ciudad del sur bonaerense y a la provincia de La Pampa), a través de la Resolución N°377/2024. Luego, a principios del 2025, por medio de la Resolución MJ N°143/25, se estableció que la entrada en vigencia del CPPF en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico sería a partir del 11 de agosto de 2025; y en los distritos de Corrientes y Resistencia a partir del 1° de diciembre del mismo año. Queda aún pendiente la disposición respecto a cuándo será la puesta en marcha del CPPF en los restantes distritos federales de todo el país, y también en el ámbito territorial de la Capital Federal, en relación con la denominada “justicia nacional”.
En esa directriz, se advierte que este nuevo Código redefine el papel del Ministerio Público Fiscal y lo posiciona en un lugar central dentro del nuevo sistema procesal. Además del ejercicio y la promoción de la acción penal, al Ministerio Público Fiscal le corresponderá la investigación de los delitos y la prueba de los hechos que fundan su acusación. Ello requiere diseñar un nuevo esquema de funcionamiento institucional que incluya ámbitos dinámicos e interdisciplinarios de trabajo, distintos de la estructura estática propia del sistema inquisitivo, en la que esta organización se constituyó como reflejo del Poder Judicial. Esta reconfiguración constituye una condición que permitirá alcanzar los objetivos de la nueva política criminal, orientada especialmente a la investigación y persecución de la criminalidad organizada.
Este nuevo contexto determina la necesidad de procurar una reorganización interna y una adecuación de las competencias específicas del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación y persecución del delito. Asimismo, con el fin de afrontar eficazmente el nuevo desafío institucional, resulta indispensable contar con recursos humanos capacitados y entrenados específicamente en estas áreas de la criminalidad, así como mejorar la infraestructura edilicia general del organismo, contar con equipamiento y medios tecnológicos acordes a las crecientes necesidades. 
Por último, en virtud de la sanción de las leyes 27.272, 27.307 y 27.308, modificatoria del procedimiento de flagrancia, de “Fortalecimiento de los tribunales orales federales”, de “Unificación de los fueros criminal y correccional de la justicia nacional” se instauraron trascendentes reformas procesales que determinaron la necesidad de este Ministerio Público Fiscal de reforzar su actuación y representación procesal por medio de un plan de implementación progresiva de la puesta en funciones de los Auxiliares Fiscales, que son los funcionarios que colaboran con los magistrados del organismo actuando bajo sus instrucciones, supervisión y responsabilidad, conf. artículo 44, inc. g y artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
En este orden, mediante la Resolución PGN 66/18, se advirtió la existencia de dificultades de orden práctico cuya superación resulta de gran importancia a los efectos de materializar los actos procesales en los plazos previstos en el código de forma. En ese marco, cabe hacer notar que, si bien se han tomado medidas para reducir el impacto generado por las reformas legales y así optimizar la intervención del Ministerio Público Fiscal, el nuevo trámite ha impuesto una organización de trabajo que quita dedicación a las restantes causas de las fiscalías y altera las tareas que regularmente se venían llevando en las dependencias requiriendo, en consecuencia, que se profundicen los esfuerzos para incrementar la asistencia a los señores fiscales. 
Lo señalado precedentemente define los ejes centrales sobre los cuales se formula la política presupuestaria del Ministerio Público Fiscal para el próximo ejercicio, y es el fundamento y razón de los niveles de recursos financieros necesarios para atender las erogaciones en materia de: recursos humanos, infraestructura edilicia, informática, comunicaciones y soporte tecnológico, requerimientos periciales, movilidad y traslado de integrantes del organismo, así como del conjunto de recursos necesarios para una investigación eficiente y eficaz de los delitos y para realizar el adecuado control de legalidad en un gran número de casos en materia no penal pero que son tan importantes como éstos y cuantitativamente muy significativos, tales como: los juicios en materia previsional, contencioso administrativo federal, electoral, laboral, civil y comercial, y ejecución fiscal.
Los principales objetivos de la política presupuestaria proyectados para el ejercicio 2026 son un continuo de los objetivos que habían sido oportunamente fijados para ejercicios anteriores y consisten en:
-	Avanzar con la Implementación progresiva, conforme las resoluciones del Ministerio de Justicia de la Nación, de las reformas previstas en el Código Procesal Penal Federal de la Nación (sancionado por ley 27.063), el cual adopta un sistema procesal acusatorio guiado, sustancialmente, por los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización; en miras de llevar a cabo procesos ágiles y rápidos que podrá ser resueltos en audiencias orales y públicas y donde las víctimas tendrán amplios derechos de intervención. En particular, se priorizará la implementación del sistema acusatorio en las jurisdicciones que en lo sucesivo se vayan poniendo en funcionamiento, en todo lo que concierne a cuestiones de infraestructura edilicia, actualización y modernización en material de tecnología y mobiliario, dotación de recursos humanos, entre otros.
-	Fortalecer y mejorar la capacidad operativa y los niveles de eficacia y eficiencia de las áreas de apoyo administrativo y logístico del organismo como así también intensificar e incrementar las acciones de capacitación estratégica de todo el personal del Ministerio Público Fiscal, a través de la profundización y ampliación de la nueva política de formación integral orientada a optimizar y modernizar el perfil profesional y adecuarlo al requerido para el ejercicio de la función pública. En ese sentido, se prevé profundizar y generalizar las actividades de formación técnica, para que todos los agentes del Ministerio resulten capacitados en materia Procesal Penal Federal.
-	Ampliar y articular la organización y funcionamiento de dispositivos de asistencia y apoyo técnico y científico en materia forense a la función de investigación a cargo de los Fiscales. Los equipos técnicos responsables de la organización de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se encuentran abocados al logro de estos objetivos generales desarrollando tareas de coordinación de los pedidos de estudios periciales, digitalización de causas complejas, producción de protocolos de actuación para la preservación de la prueba técnica; promoviendo y coordinando las acciones de uso compartido de recursos con los Laboratorios Forenses del país y la celebración de convenios con instituciones de apoyo técnico locales y extranjeras. En ese sentido, se concentrarán recursos en el fortalecimiento de los equipos técnicos de la DATIP, teniendo en miras la mayor centralidad del rol de apoyo en el nuevo sistema acusatorio.
-	Continuar con el plan de implementación de sistemas de gestión de calidad en los procesos administrativos y jurisdiccionales bajo los requisitos establecidos en las normas ISO 9001, ello como sinónimo de compromiso para lograr resultados relevantes y contribuir en la solución de problemas en forma eficiente y eficaz.
-	Incrementar los servicios y funcionalidades que posee actualmente la Red Informática Nacional del MPF a través de su portal institucional, de la intranet y el internet mismo, como así también, de las aplicaciones en proceso de desarrollo para su incorporación al Organismo. Para dicha implementación se deberán potenciar algunos servidores actuales e incrementar el ancho de banda de los accesos a Internet y de los de los enlaces IP/MPLS de cada sitio del MPF.
-	Dar continuidad al plan de renovación del equipamiento informático del MPF a cuyo fin se prevé la adquisición de impresoras de red y de escritorio, como así también equipos de computación y la adquisición y renovación de licencias de software.
-	Profundizar la implementación de herramientas que promuevan y faciliten la gestión de documentación electrónica a distancia, el teletrabajo, la desformalización de las actuaciones y el expediente digital. 
-	Avanzar en la implementación de la tecnología Wi-Fi en las dependencias del Organismo, debiendo proveerse el equipamiento y materiales que posibiliten su aplicación.
-	Continuar con la implementación, mantenimiento y actualización de los sistemas COIRON, que es el software de gestión seleccionado para el nuevo régimen acusatorio y del Sistema de Gestión No Penal (SINOPE).
-	Ampliar la incorporación e implementación de herramientas informáticas y de comunicaciones para uso de las dependencias fiscales.
-	Continuar con el proyecto de comunicación telefónica mediante VOIP (voz sobre IP) en todas las dependencias del MPF, incorporando servicios videollamadas, mensajería instantánea, movilidad, entre otros.
-	Contar con infraestructura propia, pieza clave en la implementación del sistema acusatorio que se pretende y conforme vaya surgiendo del cronograma de incorporación por jurisdicciones previsto, como condición necesaria para el cabal cumplimiento de las metas, objetivos y obligaciones asumidas. En la medida que se avance en esta línea, se irá paliando adicional y paulatinamente el déficit de infraestructura en materia edilicia que afecta al organismo desde su creación.
-	Continuar con las refacciones y remodelaciones en edificios propios y cuya materialización se encontraba postergada, pero que resulta indispensable atender a los fines de revertir el deterioro progresivo que se evidencia y que, en algunos sitios, ponen en riesgo el adecuado funcionamiento de las dependencias que allí se ubican y que no pudieron ser atendidos en ejercicios previos. Entre ellos, las fachadas de las sedes de Hipólito Irigoyen 760, Guido 1577 y Perón 667, y del edificio de Tucumán 1393.
-	Continuar con las mudanzas de algunas dependencias a inmuebles locados que unifiquen sedes del organismo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), así como también en el interior del país, en aquellos casos que no pueden seguir funcionando adecuadamente en el sitio donde se encuentran emplazadas; y se gestionarán todas aquellas mudanzas que deriven de la implementación del Código en el país Procesal Penal Federal de la Nación sancionado por ley N° 27.063, en Argentina.
-	Ejecutar el mantenimiento, refacción y mejora continua de los espacios hoy asignados y en las que tienen asiento las distintas dependencias, fiscalías y oficinas que integran el Ministerio Público Fiscal, ya sea en espacios propios como en sitios locados.
El Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) es una institución de defensa y protección de derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo con los principios, funciones y previsiones establecidas en la Constitución Nacional y leyes que rigen su funcionamiento. Debe promover toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad (Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa Nº 27.149 artículo 1º). Además, tiene entre sus principales funciones:
-	Instar todas las acciones para la remoción de obstáculos en el acceso a la justicia y el aseguramiento del derecho de defensa e impulsar mecanismos de protección colectiva de derechos humanos.
-	Desarrollar programas y actividades sobre el acceso al derecho y a la justicia, ejecutando políticas de fortalecimiento y comunicación institucional para acercar a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa con los distintos sectores sociales, en especial de aquellos grupos en condición de vulnerabilidad.
-	Brindar asistencia y ejercer el patrocinio y representación en juicio como actor o demandado, en los distintos fueros, de quien invoque y justifique limitación de recursos para afrontar los gastos del proceso, situación de vulnerabilidad o cuando estuviere ausente y fuere citado por edictos.
-	Ejercer la defensa de las personas imputadas en causas penales en los supuestos en que se requiera, y realizar las medidas de investigación de la defensa que resulten necesarias conforme la legislación vigente.
-	Ser parte necesaria, en el ámbito penal, en todo expediente que se forme respecto de una persona menor de edad, autor o víctima de delito, conforme las leyes pertinentes para su protección integral.
-	Intervenir judicial o extrajudicialmente, según el caso, en supuestos en que se encuentren comprometidos derechos o intereses de niñas, niños y adolescentes, o respecto de quienes haya recaído sentencia en un proceso referente al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias.
-	Ejercer la tutela pública para brindar protección a los derechos, intereses o bienes de niñas, niños y adolescentes cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental; cuando exista conflicto de intereses entre el niño, niña, adolescente y su representante legal y en los demás casos previstos por la normativa legal. 
-	Actuar en el marco de procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica y de implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias, sea en función de defensa técnica, de representación, de apoyo o salvaguardia, según el caso.
-	Brindar asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos que por la limitación de sus recursos económicos o vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con las leyes y reglamentación vigentes.
-	Ejercer, en los casos que corresponda, la representación del consumidor o usuario ante conflictos en las relaciones de consumo. 
-	Ejercer la representación de las personas en sede administrativa cuando la naturaleza de los derechos en juego exija la actuación de un defensor público oficial.
-	Intervenir en todos los procesos disciplinarios que se realicen en los ámbitos de privación de libertad o de internación.
-	Realizar visitas y tomar medidas para asegurar la vigencia de los derechos y garantías de los/as asistidos/as o defendidos/as alojados en establecimientos de detención, de internación o que impliquen cualquier forma de privación de la libertad.
-	Desplegar acciones de abordaje territorial y relevamiento de demandas individuales y colectivas, si las características de la problemática o la situación de vulnerabilidad las exigieren.
-	Promover la defensa y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales mediante acciones judiciales y extrajudiciales, de carácter individual o colectivo.
-	Ejercer la asistencia técnica de las personas involuntariamente internadas por motivos de salud mental, de acuerdo con la normativa específica y la que surge de la función.
Las funciones son ejercidas por los defensores que integran la institución, así como por letrados convocados para casos concretos. En ese marco, los principales objetivos que se proponen llevar a cabo durante 2026 son los siguientes:
-	Continuar con el fortalecimiento institucional del Ministerio Público de la Defensa mediante la dotación de personal y de bienes de capital, tales como adquisición y mejora edilicia e inversiones en tecnología, informática y comunicaciones, todas accesibles; dotación de personal para la conformación de equipos interdisciplinarios, cuerpo de peritos y consultores técnicos, investigadores e intérpretes lingüísticos. Promover acciones para el acceso a laboratorios (conforme las previsiones de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa Nº 27.149, artículo10).
-	Fortalecer la Escuela de la Defensa Pública y continuar con el diseño y ejecución de programas y actividades de formación y capacitación para los/as integrantes de la institución, bajo la modalidad presencial o de educación a distancia con la incorporación de nuevas tecnologías, con el objetivo de brindar un servicio profesionalizado, con perspectiva de género, de calidad y eficiente, y garantizar la óptima prestación del servicio de defensa pública; y dar cumplimiento con las capacitaciones legales obligatorias correspondientes. Asimismo, se prevé implementar programas de becas e investigaciones de interés, que guarden relación con los objetivos y funciones del Ministerio Público de la Defensa. 
-	Continuar con la sustanciación de los concursos para la selección de ternas de candidatos para cubrir las vacantes de magistrados/as; así como con la realización de exámenes de ingreso para los demás agrupamientos, en cumplimiento de la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación (Ley 26.861, reglamentada por Resolución DGN Nº 1124/15).
-	Promover políticas y acciones concretas para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia y en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, tanto para sus integrantes como para los usuarios del servicio de justicia.
-	Instar y adoptar las medidas que resulten necesarias para la implementación del Código Procesal Penal Federal de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca el Ministerio de Justicia en lo que respecta al ámbito de actuación funcional del Ministerio Público de la Defensa y sus integrantes.
-	Fortalecer la asistencia y el patrocinio jurídico que se brinda a víctimas de delitos, que por la limitación de sus recursos económicos o vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa; adoptando las medidas que correspondan al organismo para la implementación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos Nº 27.372. En ese sentido, se prevé continuar con la dotación de recursos humanos y materiales para instaurar las Defensorías Públicas de Víctimas en cumplimiento de la ley referida.
-	Intervenir como salvaguardia de los apoyos proporcionados judicialmente o en otros ámbitos, cuando ello fuera resuelto en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa.
-	Brindar asesoramiento y representación legal a toda persona que solicite el reconocimiento de la condición de refugiado y de apátrida en Argentina, desde el inicio mismo del expediente y hasta su conclusión. 
-	Brindar asesoramiento y asistencia en los trámites administrativo y judicial de expulsión (artículo 64 de la Ley de Migraciones Nº 25.871) y las vías recursivas habilitadas para tal proceso a los migrantes detenidos y no detenidos, asistidos por la defensa pública, y brindar asesoramiento y asistencia a personas migrantes en los trámites administrativos ante la Dirección Nacional de Migraciones, cuando corresponda en virtud de la Ley Nº 27.149, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de migraciones referida.
-	Asegurar la intervención de la Defensa Pública en casos de restitución internacional y visitas de niños, niñas y adolescentes, según los requisitos del derecho internacional.
-	Garantizar el ejercicio de una defensa técnica eficaz en el procedimiento administrativo de imposición de sanciones disciplinarias a personas privadas de su libertad asistidas por la defensa pública.
-	Impulsar mecanismos de protección colectiva de derechos humanos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Nacional.
-	Patrocinar y asistir técnicamente ante los organismos internacionales, en los casos que corresponda, conforme a la reglamentación específica.
-	Continuar con el diseño y ejecución de políticas públicas e institucionales para la protección de grupos en condición de vulnerabilidad y garantizar su acceso pleno a la justicia, fortaleciendo, entre otras acciones, los programas y comisiones de la Defensoría General de la Nación existentes (Comisión de Cárceles; Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes; Comisión sobre Temáticas de Género; Comisión del Migrante; Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio; Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad; Programa sobre Diversidad Cultural; Programa para la Asistencia Jurídica a Personas Privadas de la Libertad; Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos; Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos; Programa sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores; Programa de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales; Programa contra la Violencia Institucional; Equipo de Trabajo Río Matanza Riachuelo; Equipo de Trabajo ACCEDER; Programa de Resolución Alternativa de Conflictos; Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas) o creando otros que se estimen conducentes para el logro de los fines propuestos, y a fin de coadyuvar para una mejor gestión de casos. 
-	Promover acciones orientadas a la defensa y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los asistidos por la defensa pública; incentivar una mayor intervención de los defensores públicos en aquellas materias relacionadas con la efectiva vigencia de tales derechos, tales como la problemática relativa a desalojos forzosos y al acceso a la vivienda digna y a la tierra (ámbito urbano y no urbano); y fortalecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, creando, en caso de resultar pertinente, equipos de trabajo para la defensa de sus derechos.
-	Instar acciones que propendan a la defensa o asistencia con especial consideración de la perspectiva de género y diversidad cultural. 
-	Ejercer las funciones previstas por la Ley Nº 27.149 en orden al Órgano de Revisión de Salud Mental creado por la Ley Nº 26.657. 
-	Defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos y continuar con la promoción de políticas de colaboración y fortalecimiento institucional de la defensa pública autónoma e independiente (como garantía de acceso a la justicia), en el ámbito provincial, regional e internacional, impulsando el vínculo con instituciones nacionales e internacionales representativas del servicio de defensa pública y afines, y con organizaciones regionales e internacionales.
-	Impulsar la cobertura del servicio, en igualdad de armas con la acusación, con especial énfasis en el sistema acusatorio y los procedimientos de flagrancia.
-	Conformar cuerpos técnicos específicos, unidades interdisciplinarias y de investigación, y grupos de abordaje territorial, para coadyuvar con la cobertura del servicio de defensa pública. 
-	Desarrollar y/o fortalecer políticas de transparencia, acceso a la información pública y control de gestión del funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y sus integrantes, dando cumplimiento con la normativa específica que rige en cada caso.
-	Fortalecer las acciones que realiza la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Tortura y otras Formas de Violencia Institucional y continuar con acciones concretas, con el fin de visibilizar esta terrible práctica y de sensibilizar a los distintos actores sociales respecto de la necesidad de erradicar la tortura en nuestro país. Asimismo, continuar la labor orientada a la prevención eficaz de los actos de violencia institucional, así como promover los derechos de las personas víctimas de hechos de violencia institucional y su atención integral.
-	Promover acuerdos de colaboración y asistencia técnica con organismos nacionales e internacionales para el fortalecimiento institucional de la defensa pública y la formación permanente de los integrantes del MPD; así como para promover la elaboración de proyectos con financiación de asociaciones, organismos y entidades nacionales, regionales e internacionales que contribuyan a cumplir la misión institucional del MPD.
-	Brindar asistencia y colaboración al Comité Nacional de Prevención de la Tortura en los términos de la Ley Nº 26. 827 y su reglamentación.
-	Continuar realizando acciones con el objeto de garantizar el más amplio acceso a la justicia como medio fundamental para proteger los derechos humanos; y seguir reforzando los vínculos con la comunidad a través de formas de comunicación fluida y al alcance de todos, procurando que sea accesible, inclusiva, comprensible y de calidad.
-	Promover el enfoque restaurativo, fundamentalmente, en casos de adolescentes en conflicto con la ley penal.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (JURISDICCIÓN)	
(en millones de pesos)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
1	2	Judicial	835.392 	
				
TOTAL			835.392	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (JURISDICCIÓN)	
(en millones de pesos)	
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	835.392	
		
Gastos en personal 	790.585	
Personal permanente	771.731 	
Personal temporario	11.606 	
Servicios extraordinarios	624 	
Asistencia social al personal	6.388 	
Personal contratado	236 	
		
Bienes de consumo 	4.004	
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	163 	
Textiles y vestuario	246 	
Productos de papel, cartón e impresos	708 	
Productos de cuero y caucho	17 	
Productos químicos, combustibles y lubricantes	452 	
Productos de minerales no metálicos	117 	
Productos metálicos	174 	
Minerales	11 	
Otros bienes de consumo	2.115 	
		
Servicios no personales 	19.122	
Servicios básicos	5.401 	
Alquileres y derechos	7.177 	
Mantenimiento, reparación y limpieza	976 	
Servicios técnicos y profesionales	770 	
Servicios comerciales y financieros	551 	
Pasajes y viáticos	1.660 	
Impuestos, derechos, tasas y juicios	629 	
Otros servicios	1.959 	
		
Bienes de uso 	21.648	
Bienes preexistentes	1.000 	
Construcciones	3.993 	
Maquinaria y equipo	11.781 	
Libros, revistas y otros elementos coleccionables	1 	
Activos intangibles	4.872 	
		
Transferencias 	33	
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	33 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
(en millones de pesos)	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad	Procuración General de la Nación 	539.546 	6.664	0	
	A					
17	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial	Defensoría General de la Nación 	295.846 	4.383	0	
	A					
TOTAL			835.392	11.047	0	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 

 PROGRAMA 16
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA Y DEFENSA DE LA LEGALIDAD

UNIDAD EJECUTORA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa atiende al desenvolvimiento de una de las funciones esenciales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, así como la defensa en juicio (en representación de la sociedad) de la legalidad, la supremacía constitucional y la jurisdicción de los tribunales nacionales.

Estas funciones estatales son cumplidas a través de una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia.

Su natural trascendencia en el marco de la actividad pública ha merecido un tratamiento especial en la Constitución Nacional a partir de la Reforma de 1994, que la establece como una autoridad independiente y autárquica respecto de las otras tres tradicionales del Gobierno (artículo 120 de la Constitución Nacional).

Los Fiscales, que es la denominación que reciben quienes ejercen esta magistratura, actúan según su jerarquía en todas las instancias del proceso judicial como representantes en el mismo interés de la sociedad. En el ámbito propiamente penal, asumen en nombre de ésta, el deber substancial de proteger el normal desarrollo de la vida comunitaria, exigiendo ante los jueces la restauración de las violaciones que pudieran afectar dicho orden social por parte de quienes no respeten las pautas de convivencia asumidas por el conjunto de los ciudadanos, a través de las normas legales que tipifican conductas ilícitas.

Asimismo, tanto en el despliegue de los procesos penales como en el resto de los otros fueros – civil, comercial, laboral, contencioso-administrativo, previsional, etc. – los fiscales vigilan el cumplimiento de la legalidad y de las normas fundamentales, dictaminando ante los jueces.

Ahora, a raíz del Código Procesal Penal Federal –de implementación progresiva- se reformulan aspectos sumamente relevantes del rol de este Ministerio en la promoción de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ubicándolo en una posición central dentro del nuevo sistema procesal. Ello, toda vez que, además del ejercicio y la promoción de la acción penal, al Ministerio Público Fiscal le corresponderá también la investigación de los delitos y la prueba de los hechos que fundan su acusación, procurando la especialización de la investigación y persecución penal.

  

 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS
(en millones de pesos)	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Procuración General	Procuración General de la Nación	538.812	
Proyectos:				
				
09	Puesta en Valor Fachada, Edificio - Guido n°1577 - C.A.B.A.	Procuración General de la Nación	247	
				
11	Puesta en Valor Fachada Inmueble - Tte. Gral. Perón N°667 - C.A.B.A.	Procuración General de la Nación	268	
				
17	Puesta en Valor Inmueble Sito en Av. de Mayo n°760 - C.A.B.A.	Procuración General de la Nación	219	
				
TOTAL:			539.546	

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
 (en millones de pesos)
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	539.546 	
		
   Gastos en personal 	511.454	
       Personal permanente                                                               	506.165 	
       Servicios extraordinarios                                                               	474 	
       Asistencia social al personal                                                               	4.779 	
       Personal contratado                                                               	36 	
		
   Bienes de consumo 	1.704	
       Productos alimenticios, agropecuarios y forestales                                                               	60 	
       Textiles y vestuario                                                               	220 	
       Productos de papel, cartón e impresos                                                               	600 	
       Productos químicos, combustibles y lubricantes                                                               	250 	
       Productos de minerales no metálicos                                                               	60 	
       Productos metálicos                                                               	3 	
       Otros bienes de consumo                                                               	511 	
		
   Servicios no personales 	10.846	
       Servicios básicos                                                               	2.412 	
       Alquileres y derechos                                                               	4.800 	
       Mantenimiento, reparación y limpieza                                                               	550 	
       Servicios técnicos y profesionales                                                               	538 	
       Servicios comerciales y financieros                                                               	310 	
       Pasajes y viáticos                                                               	1.400 	
       Impuestos, derechos, tasas y juicios                                                               	526 	
       Otros servicios                                                               	310 	
		
   Bienes de uso 	15.509	
       Construcciones                                                               	735 	
       Maquinaria y equipo                                                               	10.812 	
       Libros, revistas y otros elementos coleccionables                                                               	1 	
       Activos intangibles                                                               	3.962 	
		
   Transferencias 	33	
       Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes                                                               	33 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 

 
 PROGRAMA 17
REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y CURATELA PÚBLICA OFICIAL

UNIDAD EJECUTORA
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Ministerio Público de la Defensa de la Nación, es una institución orientada a la defensa y protección de los derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo a los principios, funciones y previsiones establecidas en la Constitución Nacional y leyes que rigen su funcionamiento. Debe promover toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad (Ley 27149, art. 1º).  

Además, tiene entre sus principales funciones:

•	Instar todas las acciones para la remoción de obstáculos en el acceso a la justicia y el aseguramiento del derecho de defensa e impulsar mecanismos de protección colectiva de derechos humanos.

•	Desarrollar programas y actividades sobre el acceso al derecho y a la justicia, ejecutando políticas de fortalecimiento y comunicación institucional para acercar a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa con los distintos sectores sociales, en especial de aquellos grupos en condición de vulnerabilidad.

•	Brindar asistencia y ejercer el patrocinio y representación en juicio como actor o demandado, en los distintos fueros, de quien invoque y justifique limitación de recursos para afrontar los gastos del proceso, situación de vulnerabilidad o cuando estuviere ausente.

•	Ejercer la defensa de las personas imputadas en causas penales en los supuestos en que se requiera, y realizar las medidas de investigación de la defensa que resulten necesarias.

•	Ser parte necesaria, en el ámbito penal, en todo expediente que se forme respecto de una persona menor de edad, autor o víctima de delito, conforme las leyes pertinentes para su protección integral.

•	Intervenir judicialmente o extrajudicialmente –según el caso- en supuestos en que se encuentren comprometidos derechos o intereses de niñas, niños y adolescentes, o respecto de quienes haya recaído sentencia en un proceso referente al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias.

•	Ejercer la tutela pública para brindar protección a los derechos, intereses o bienes de niñas, niños y adolescentes cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental; cuando exista conflicto de intereses entre el niño, niña, adolescente y su representante legal y en los demás casos previstos por la normativa legal. 

•	Actuar en el marco de procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica y de implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias, sea en función de defensa técnica, de representación, de apoyo o salvaguardia, según el caso.

•	Brindar asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos que por la limitación de sus recursos económicos o vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con las leyes y reglamentación vigentes.

•	Ejercer, en los casos que corresponda, la representación del consumidor o usuario ante conflictos en las relaciones de consumo, la representación de las personas en sede administrativa cuando la naturaleza de los derechos en juego exija la actuación de un defensor público oficial e intervenir en todos los procesos disciplinarios que se realicen en los ámbitos de privación de libertad o de internación.

•	Realizar visitas y tomar medidas para asegurar la vigencia de los derechos y garantías de los asistidos o defendidos alojados en establecimientos de detención, de internación o que impliquen cualquier forma de privación de la libertad.

•	Desplegar acciones de abordaje territorial y relevamiento de demandas individuales y colectivas, si las características de la problemática o la situación de vulnerabilidad las exigieren.

•	Promover la defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales mediante acciones judiciales y extrajudiciales, de carácter individual o colectivo.

•	Ejercer la asistencia técnica de las personas involuntariamente internadas por motivos de salud mental, de acuerdo a la normativa específica.

Las funciones son ejercidas por los defensores públicos y funcionarios que integran la institución, así como letrados convocados para el caso concreto.

  

 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS
(en millones de pesos)	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial	Defensoría General de la Nación	275.554	
Proyectos:				
				
12	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la sede de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Ríos	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	181	
				
14	Remodelación y puesta en valor de la Defensoría de Santa Fe	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	385	
				
25	Adecuación del edificio sede de la Defensoría, San Juan	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	108	
				
43	Adecuación y ampliación de la Defensoría de Posadas, Provincia de Misiones	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	1.146	
				
57	Construcción de Inmueble para sede la Defensoría de Santa Rosa, La Pampa	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	529	
				
64	Refacción y Ampliación de la Defensoría de La Plata, PBA	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	646	
				
66	Construcción de la Sede de Defensoría de Santiago del Estero	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	265	
				
TOTAL:			278.813	

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
 (en millones de pesos)
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	295.846 	
		
   Gastos en personal 	279.131	
       Personal permanente                                                               	265.566 	
       Personal temporario                                                               	11.606 	
       Servicios extraordinarios                                                               	150 	
       Asistencia social al personal                                                               	1.609 	
       Personal contratado                                                               	200 	
		
   Bienes de consumo 	2.300	
       Productos alimenticios, agropecuarios y forestales                                                               	103 	
       Textiles y vestuario                                                               	26 	
       Productos de papel, cartón e impresos                                                               	108 	
       Productos de cuero y caucho                                                               	17 	
       Productos químicos, combustibles y lubricantes                                                               	202 	
       Productos de minerales no metálicos                                                               	57 	
       Productos metálicos                                                               	172 	
       Minerales                                                               	11 	
       Otros bienes de consumo                                                               	1.604 	
		
   Servicios no personales 	8.276	
       Servicios básicos                                                               	2.989 	
       Alquileres y derechos                                                               	2.377 	
       Mantenimiento, reparación y limpieza                                                               	426 	
       Servicios técnicos y profesionales                                                               	232 	
       Servicios comerciales y financieros                                                               	241 	
       Pasajes y viáticos                                                               	260 	
       Impuestos, derechos, tasas y juicios                                                               	103 	
       Otros servicios                                                               	1.649 	
		
   Bienes de uso 	6.139	
       Bienes preexistentes                                                               	1.000 	
       Construcciones                                                               	3.259 	
       Maquinaria y equipo                                                               	969 	
       Libros, revistas y otros elementos coleccionables                                                               	1 	
       Activos intangibles                                                               	910 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
 
 LISTADO DE SUBPROGRAMAS
(en millones de pesos)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
01	Ejercicio de la Curatela Pública Oficial 	Defensoría General de la Nación	12.136	
				
02	Ejercicio del Derecho a la Protección de la Salud Mental 	Defensoría General de la Nación	4.898	
				
TOTAL			17.033	

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
  
  SUBPROGRAMA 01 
EJERCICIO DE LA CURATELA PÚBLICA OFICIAL

UNIDAD EJECUTORA
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

A través de este subprograma se atienden las acciones vinculadas al cumplimiento de una función específica del Estado que consiste en garantizar la asistencia jurídica de todo ciudadano que pueda verse involucrado en un proceso penal, así como la representación y defensa de los menores e incapaces y la curatela de los menores abandonados o huérfanos. 

 
 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
 (en millones de pesos)
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	12.136 	
		
   Gastos en personal 	12.100	
       Personal permanente                                                               	11.518 	
       Personal temporario                                                               	483 	
       Asistencia social al personal                                                               	99 	
		
   Bienes de consumo 	12	
       Productos alimenticios, agropecuarios y forestales                                                               	1 	
       Productos de papel, cartón e impresos                                                               	1 	
       Productos químicos, combustibles y lubricantes                                                               	1 	
       Productos metálicos                                                               	2 	
       Otros bienes de consumo                                                               	7 	
		
   Servicios no personales 	24	
       Servicios básicos                                                               	18 	
       Mantenimiento, reparación y limpieza                                                               	1 	
       Servicios técnicos y profesionales                                                               	1 	
       Servicios comerciales y financieros                                                               	1 	
       Pasajes y viáticos                                                               	1 	
       Otros servicios                                                               	3 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 

  
  SUBPROGRAMA 02 
EJERCICIO DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL

UNIDAD EJECUTORA
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

El subprograma encuentra su fundamento a partir del dictado de la Ley Nº 26.657 de Salud Mental, que fue reglamentada por Decreto Nº 603/2013 y tiende a obtener la protección de los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental. 

En tal sentido, la Defensoría General de la Nación cuenta con una unidad específica para garantizar un abogado defensor gratuito a toda persona internada involuntariamente y que no cuente con una representación legal. Esta unidad brinda asistencia jurídica gratuita a todas las personas internadas contra su voluntad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no designen un abogado particular.

 
 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
 (en millones de pesos)
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	4.898 	
		
   Gastos en personal 	4.872	
       Personal permanente                                                               	4.540 	
       Personal temporario                                                               	291 	
       Asistencia social al personal                                                               	41 	
		
   Bienes de consumo 	5	
       Productos de papel, cartón e impresos                                                               	1 	
       Productos químicos, combustibles y lubricantes                                                               	1 	
       Productos de minerales no metálicos                                                               	1 	
       Productos metálicos                                                               	1 	
       Otros bienes de consumo                                                               	2 	
		
   Servicios no personales 	20	
       Servicios básicos                                                               	6 	
       Alquileres y derechos                                                               	12 	
       Mantenimiento, reparación y limpieza                                                               	0 	
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 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo