JURISDICCIÓN 10

MINISTERIO PÚBLICO

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

La Constitución Nacional establece en su Título Primero correspondiente al Gobierno Federal cuatro secciones pertinentes a los clásicos tres poderes del estado y la Sección Cuarta Artículo 120 trata del Ministerio Público, órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República Argentina, integrado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD).
El Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) es el órgano constitucional encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. En especial, tiene por misión velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte y procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes (Artículo 120 Constitución Nacional y Ley N° 27.148).
Las funciones de control de legalidad que realizan los fiscales en materia civil, comercial, laboral, electoral, previsional, contencioso-administrativo federal y ejecución fiscal, se destaca especialmente el ejercicio de la acción penal pública actuando como parte acusadora en el proceso penal.
En los últimos años, y fundamentalmente en razón de la necesidad de investigar modalidades delictivas y organizaciones criminales más complejas y sofisticadas, el organismo fue experimentando un constante y significativo incremento de su nivel de actividad y despliegue. 
El Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales, sobre la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, el lavado de activos, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, la prostitución infantil, la violencia de género, los ciber-delitos, el contrabando, los delitos ambientales, entre otros, que generan responsabilidades directas que recaen sobre los órganos de prevención y, en particular, sobre los órganos responsables de la persecución penal.
Asimismo, resulta necesario destacar en torno a la implementación del sistema procesal federal de tinte acusatorio previsto en la Ley N° 27.063 (B.O. 10/12/2014) que por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 188/24 modificó la Ley N° 27.150 otorgando facultades al Ministerio de Justicia de la Nación para llevar adelante la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019). En consecuencia, el MPF dispuso la plena operatividad del sistema acusatorio en las jurisdicciones de Rosario y Mendoza. Por su parte, para el ejercicio 2025 se prevé la puesta en funcionamiento en las jurisdicciones de General Roca y Comodoro Rivadavia.
En esa directriz, se advierte que este nuevo Código redefine el papel del Ministerio Público Fiscal y lo posiciona en un lugar central dentro del nuevo sistema procesal. Además del ejercicio y la promoción de la acción penal, al Ministerio Público Fiscal le corresponderá la investigación de los delitos y la prueba de los hechos que fundan su acusación. Ello exige diseñar un nuevo esquema de funcionamiento de la Institución en el que será necesario crear ámbitos dinámicos e interdisciplinarios de trabajo, diferentes a la estructura estática, propia del sistema inquisitivo, en la cual esta organización se constituyó como reflejo del Poder Judicial. Esta reconfiguración constituye una condición que permitirá alcanzar los objetivos de la nueva política criminal, orientada especialmente a la investigación y persecución de la criminalidad organizada.
Este nuevo contexto determina la necesidad de procurar una reorganización interna y una adecuación de las competencias específicas del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación y persecución del delito. Asimismo, con el fin de afrontar eficazmente el nuevo desafío institucional, resulta indispensable contar con recursos humanos capacitados y entrenados específicamente en estas áreas de la criminalidad, así como mejorar la infraestructura edilicia general del organismo, contar con equipamiento y medios tecnológicos acordes a las crecientes necesidades. 
Por último, en virtud de la sanción de las leyes Nros. 27.272, 27.307 y 27.308, modificatorias del procedimiento de flagrancia, de “Fortalecimiento de los tribunales orales federales” y de “Unificación de los fueros criminal y correccional de la justicia nacional” respectivamente, se instauraron trascendentes reformas procesales que determinaron la necesidad de este Ministerio Público Fiscal de reforzar su actuación y representación procesal por medio de un plan de implementación progresiva de la puesta en funciones de los Auxiliares Fiscales, que son los funcionarios que colaboran con los magistrados del organismo actuando bajo sus instrucciones, supervisión y responsabilidad, conf. artículo 44, inc. g y artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
En este orden, mediante la Resolución PGN N° 66/18, se advirtió la existencia de dificultades de orden práctico cuya superación resulta de gran importancia a los efectos de materializar los actos procesales en los plazos previstos en el código de forma. En ese marco, cabe hacer notar que, si bien se han tomado medidas para reducir el impacto generado por las reformas legales y así optimizar la intervención del Ministerio Público Fiscal, el nuevo trámite ha impuesto una organización de trabajo que quita dedicación a las restantes causas de las fiscalías y altera las tareas que regularmente se venían llevando en las dependencias requiriendo, en consecuencia, que se profundicen los esfuerzos para incrementar la asistencia a los señores fiscales.
Lo señalado precedentemente define los ejes centrales sobre los cuales se formula la política presupuestaria del Ministerio Público Fiscal para el próximo ejercicio, y es el fundamento y razón de los niveles de recursos financieros necesarios para atender las erogaciones en materia de: recursos humanos, infraestructura edilicia, informática, comunicaciones y soporte tecnológico, requerimientos periciales, movilidad y traslado de integrantes del organismo, así como del conjunto de recursos necesarios para una investigación eficiente y eficaz de los delitos y para realizar el adecuado control de legalidad en un gran número de casos en materia no penal pero que son tan importantes como éstos y cuantitativamente muy significativos, tales como: los juicios en materia previsional, contencioso administrativo federal, electoral, laboral, civil y comercial, y ejecución fiscal. 
En orden a las prioridades de política económica de la institución, y en vista a los crecientes desafíos por los que atraviesa la misma, se torna imprescindible que se zanje el debate más profundo y se legisle el procedimiento para hacer operativo un nivel de autarquía financiera (conforme a la norma fundamental) que permita a este Ministerio Público Fiscal contar con los recursos económicos de modo tal de lograr una autonomía presupuestaria que consolide su independencia para que, de este modo, pueda cumplir las funciones propias asignadas, atendiendo también que ello conlleva a la garantía de la independencia judicial.
En ese marco, los principales objetivos de la política presupuestaria proyectados para el ejercicio 2025 son un continuo de los objetivos que habían sido oportunamente fijados para ejercicios anteriores y consisten en:
-	Avanzar con la implementación progresiva, conforme el cronograma establecido con el resto de los integrantes del sistema de administración de justicia, de las reformas previstas en el Código Procesal Penal Federal de la Nación (sancionado por Ley N° 27.063), el cual adopta un sistema procesal acusatorio guiado, sustancialmente, por los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización; en miras de llevar a cabo procesos ágiles y rápidos que podrán ser resueltos en audiencias orales y públicas y donde las víctimas tendrán amplios derechos de intervención. En particular, se priorizará la implementación del sistema acusatorio en las jurisdicciones de Rosario y Mendoza y en todas las que en lo sucesivo se vayan poniendo en funcionamiento, en todo lo que concierne a cuestiones de infraestructura edilicia, actualización y modernización en material de tecnología y mobiliario, dotación de recursos humanos, entre otros. 
-	Fortalecer y mejorar la capacidad operativa y los niveles de eficacia y eficiencia de las áreas de apoyo administrativo y logístico del organismo, como así también, intensificar e incrementar las acciones de capacitación estratégica de todo el personal del Ministerio Público Fiscal, a través de la profundización y ampliación de la nueva política de formación integral orientada a optimizar y modernizar el perfil profesional y adecuarlo al requerido para el ejercicio de la función pública. 
-	Dar cumplimiento a la Ley de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros “Diana Sacayán – Lohana Berkins” N° 27.636, que establece un cupo mínimo del 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional para esta población. En ese orden, se dispuso la asignación de 34 contratos a fiscalías de todo el país para ser cubiertos por personas alcanzadas por la normativa (v. Resolución PGN N°14/23).
-	Progresar en la observancia de la Ley de Cupo Laboral para Personas con Discapacidad N° 22.431, para lo cual se prevén cargos correspondientes al 4% de la planta del Organismo.
-	Ampliar y articular la organización y funcionamiento de dispositivos de asistencia y apoyo técnico y científico en materia forense a la función de investigación a cargo de los fiscales. Los equipos técnicos responsables de la organización de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se encuentran abocados al logro de estos objetivos generales desarrollando tareas de coordinación de los pedidos de estudios periciales, digitalización de causas complejas, producción de protocolos de actuación para la preservación de la prueba técnica; promoviendo y coordinando las acciones de uso compartido de recursos con los Laboratorios Forenses del país y la celebración de convenios con instituciones de apoyo técnico locales y extranjeras.
-	Continuar con el plan de implementación de sistemas de gestión de calidad en los procesos administrativos y jurisdiccionales bajo los requisitos establecidos en las normas ISO 9001, ello como sinónimo de compromiso para lograr resultados relevantes y contribuir en la solución de problemas en forma eficiente y eficaz.
-	Incrementar los servicios y funcionalidades que posee actualmente la Red Informática Nacional del MPF a través de su portal institucional, de la intranet e internet, como así también de las aplicaciones en proceso de desarrollo para su incorporación al Organismo. Para dicha implementación se deberán potenciar algunos servidores actuales e incrementar el ancho de banda de los accesos a Internet y de los enlaces IP/MPLS de cada sitio del MPF.
-	Renovar la contratación de los enlaces de comunicaciones a la Red Wan (Red de área extensa) del Organismo. 
-	Dar continuidad al plan de renovación del equipamiento informático del MPF a cuyo fin se prevé la adquisición de impresoras de red y de escritorio, como así también equipos de computación y la adquisición y renovación de licencias de software. 
-	Profundizar la implementación de herramientas que promuevan y faciliten la gestión de documentación electrónica a distancia, el teletrabajo, la desformalización de las actuaciones y el expediente digital. 
-	Avanzar en la implementación de la tecnología Wi-Fi en las dependencias del organismo, debiendo proveerse el equipamiento y materiales que posibiliten su aplicación.
-	Continuar con la implementación, mantenimiento y actualización de los sistemas COIRON, que es el software de gestión seleccionado para el nuevo régimen acusatorio y del Sistema de Gestión No Penal (SINOPE).
-	Ampliar la incorporación e implementación de herramientas informáticas y de comunicaciones para uso de las dependencias fiscales.
-	Continuar con el proyecto de comunicación telefónica mediante VOIP (voz sobre IP) en todas las dependencias del MPF. Asimismo, en la segunda etapa se incorporarán servicios de valor agregado a los terminales de VOIP como ser: video llamadas, mensajería instantánea, movilidad, entre otros. 
-	Contar con infraestructura propia, pieza clave en la implementación del sistema acusatorio que se pretende y conforme vaya surgiendo del cronograma de incorporación por jurisdicciones previsto, como condición necesaria para el cabal cumplimiento de las metas, objetivos y obligaciones asumidas. En la medida que se avance en esta línea, se irá paliando adicional y paulatinamente el déficit de infraestructura en materia edilicia que afecta al organismo desde su creación.
-	Continuar con las refacciones y remodelaciones en edificios propios y cuya materialización se encontraba postergada, pero que resulta indispensable atender a los fines de revertir el deterioro progresivo que se evidencia y que, en algunos sitios, ponen en riesgo el adecuado funcionamiento de las dependencias que allí se ubican y que no pudieron ser atendidos en ejercicios previos. Entre ellos, las fachadas de las sedes de Hipólito. Yrigoyen 765, Guido 1577 y Perón 667, y el edificio de Tucumán 1393.
-	Continuar con las mudanzas de algunas dependencias a inmuebles locados que unifiquen sedes del organismo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), así como también en el interior del país, en aquellos casos que no pueden seguir funcionando adecuadamente en el sitio donde se encuentran emplazadas; y gestionar todas aquellas mudanzas que deriven de la implementación del Código Procesal Penal Federal de la Nación sancionado por ley N° 27.063, en Argentina.
-	Ejecutar el mantenimiento, refacción y mejora continua de los espacios hoy asignados y en las que tienen asiento las distintas dependencias, fiscalías y oficinas que integran el Ministerio Público Fiscal, ya sea en espacios propios como en sitios locados.
El Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD), por su parte, es una institución de defensa y protección de derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo con los principios, funciones y previsiones establecidas en la Constitución Nacional y leyes que rigen su funcionamiento. Debe promover toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad (Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa Nº 27.149, Artículo 1°). Además, tiene entre sus principales funciones:
-	Instar todas las acciones para la remoción de obstáculos en el acceso a la justicia y el aseguramiento del derecho de defensa e impulsar mecanismos de protección colectiva de derechos humanos.
-	Desarrollar programas y actividades sobre el acceso al derecho y a la justicia, ejecutando políticas de fortalecimiento y comunicación institucional para acercar a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa con los distintos sectores sociales, en especial de aquellos grupos en condición de vulnerabilidad.
-	Brindar asistencia y ejercer el patrocinio y representación en juicio como actor o demandado, en los distintos fueros, de quien invoque y justifique limitación de recursos para afrontar los gastos del proceso, situación de vulnerabilidad o cuando estuviere ausente y fuere citado por edictos.
-	Ejercer la defensa de las personas imputadas en causas penales en los supuestos en que se requiera, y realizar las medidas de investigación de la defensa que resulten necesarias conforme la legislación vigente.
-	Ser parte necesaria, en el ámbito penal, en todo expediente que se forme respecto de una persona menor de edad, autor o víctima de delito, conforme las leyes pertinentes para su protección integral.
-	Intervenir judicial o extrajudicialmente, según el caso, en supuestos en que se encuentren comprometidos derechos o intereses de niñas, niños y adolescentes, o respecto de quienes haya recaído sentencia en un proceso referente al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias.
-	Ejercer la tutela pública para brindar protección a los derechos, intereses o bienes de niñas, niños y adolescentes cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental; cuando exista conflicto de intereses entre el niño, niña, adolescente y su representante legal y en los demás casos previstos por la normativa legal. 
-	Actuar en el marco de procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica y de implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias, sea en función de defensa técnica, de representación, de apoyo o salvaguardia, según el caso.
-	Brindar asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos que por la limitación de sus recursos económicos o vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con las leyes y reglamentación vigentes.
-	Ejercer, en los casos que corresponda, la representación del consumidor o usuario ante conflictos en las relaciones de consumo. 
-	Ejercer la representación de las personas en sede administrativa cuando la naturaleza de los derechos en juego exija la actuación de un defensor público oficial.
-	Intervenir en todos los procesos disciplinarios que se realicen en los ámbitos de privación de libertad o de internación.
-	Realizar visitas y tomar medidas para asegurar la vigencia de los derechos y garantías de los asistidos o defendidos alojados en establecimientos de detención, de internación o que impliquen cualquier forma de privación de la libertad.
-	Desplegar acciones de abordaje territorial y relevamiento de demandas individuales y colectivas, si las características de la problemática o la situación de vulnerabilidad las exigieren.
-	Promover la defensa y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales mediante acciones judiciales y extrajudiciales, de carácter individual o colectivo.
-	Ejercer la asistencia técnica de las personas involuntariamente internadas por motivos de salud mental, de acuerdo con la normativa específica y la que surge de la función.
Las funciones son ejercidas por los defensores que integran la institución, así como por letrados convocados para casos concretos. En ese marco, los principales objetivos que se proponen llevar a cabo durante 2025 son los siguientes:
-	Continuar con el fortalecimiento institucional del Ministerio Público de la Defensa mediante la dotación de personal y de bienes de capital (adquisición y mejora edilicia e inversiones en tecnología, informática y comunicaciones, todas accesibles; dotación de personal para la conformación de equipos interdisciplinarios, cuerpo de peritos y consultores técnicos, investigadores e intérpretes lingüísticos); como así también promover acciones para el acceso a laboratorios (conforme las previsiones de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa Nº 27.149, Artículo 10).
-	Fortalecer la Escuela de la Defensa Pública y continuar con el diseño y ejecución de programas y actividades de formación y capacitación para los integrantes de la institución, bajo la modalidad presencial o de educación a distancia con la incorporación de nuevas tecnologías, con el objetivo de brindar un servicio profesionalizado, con perspectiva de género, de calidad y eficiente, y garantizar la óptima prestación del servicio de defensa pública; y dar cumplimiento con las capacitaciones legales obligatorias correspondientes. Asimismo, se prevé implementar programas de becas e investigaciones de interés, que guarden relación con los objetivos y funciones del Ministerio Público de la Defensa. 
-	Continuar con la sustanciación de los concursos para la selección de magistrados, así como con la realización de exámenes de ingreso para los demás agrupamientos, en cumplimiento de la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación (Ley N° 26.861, reglamentada por Resolución DGN Nº 1124/15). 
-	Promover políticas y acciones concretas para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia y en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, tanto para sus integrantes como para los usuarios del servicio de justicia. 
-	Instar y adoptar las medidas que resulten necesarias para la implementación del Código Procesal Penal Federal de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, en lo que respecta al ámbito de actuación funcional de este Ministerio Público de la Defensa y sus integrantes. 
-	Fortalecer la asistencia y el patrocinio jurídico que se brinda a víctimas de delitos, que por la limitación de sus recursos económicos o vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa; adoptando las medidas que correspondan al organismo para la implementación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos Nº 27.372. En ese sentido, se prevé continuar con la dotación de recursos humanos y materiales para instaurar las Defensorías Públicas de Víctimas en cumplimiento de la ley referida.
-	Intervenir como salvaguardia de los apoyos proporcionados judicialmente o en otros ámbitos, cuando ello fuera resuelto en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa.
-	Brindar asesoramiento y representación legal a toda persona que solicite el reconocimiento de la condición de refugiado y de apátrida en Argentina, desde el inicio mismo del expediente y hasta su conclusión.
-	Brindar asesoramiento y asistencia en los trámites administrativo y judicial de expulsión (Artículo 64 de la Ley de Migraciones Nº 25.871) y las vías recursivas habilitadas para tal proceso a los migrantes detenidos y no detenidos, asistidos por la defensa pública, y brindar asesoramiento y asistencia a personas migrantes en los trámites administrativos ante la Dirección Nacional de Migraciones, cuando corresponda en virtud de la Ley Nº 27.149, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 86 de la Ley de migraciones referida. 
-	Asegurar la intervención de la Defensa Pública en casos de restitución internacional y visitas de niños, niñas y adolescentes, según los requisitos del derecho internacional. 
-	Garantizar el ejercicio de una defensa técnica eficaz en el procedimiento administrativo de imposición de sanciones disciplinarias a personas privadas de su libertad asistidas por la defensa pública. 
-	Impulsar mecanismos de protección colectiva de derechos humanos, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 86 de la Constitución Nacional.
-	Patrocinar y asistir técnicamente ante los organismos internacionales, en los casos que corresponda, conforme la reglamentación específica.
-	Continuar con el diseño y ejecución de políticas públicas e institucionales para la protección de grupos en condición de vulnerabilidad y garantizar su acceso pleno a la justicia, fortaleciendo, entre otras acciones, los programas y comisiones de la Defensoría General de la Nación existentes (Comisión de Cárceles; Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes; Comisión sobre Temáticas de Género; Comisión del Migrante; Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio; Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad; Programa sobre Diversidad Cultural; Programa para la Asistencia Jurídica a Personas Privadas de la Libertad; Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos; Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos; Programa sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores; Programa de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales; Programa contra la Violencia Institucional; Equipo de Trabajo Río Matanza Riachuelo; Equipo de Trabajo ACCEDER; Programa de Resolución Alternativa de Conflictos; Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas; y Programa de Asistencia y Patrocinio Especializado en Violencia de Género) o creando otros que se estimen conducentes para el logro de los fines propuestos, y a fin de coadyuvar para una mejor gestión de casos. 
-	Promover acciones orientadas a la defensa y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los asistidos por la defensa pública; incentivar una mayor intervención de los defensores públicos en aquellas materias relacionadas con la efectiva vigencia de tales derechos, tales como la problemática relativa a desalojos forzosos y al acceso a la vivienda digna y a la tierra (ámbito urbano y no urbano); y fortalecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, creando, en caso de resultar pertinente, equipos de trabajo para la defensa de sus derechos.
-	Instar acciones que propendan a la defensa o asistencia con especial consideración de la perspectiva de género y diversidad cultural.
-	Ejercer las funciones previstas por la Ley Nº 27.149 en orden al Órgano de Revisión de Salud Mental creado por la Ley Nº 26.657.
-	Defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos y continuar con la promoción de políticas de colaboración y fortalecimiento institucional de la defensa pública autónoma e independiente (como garantía de acceso a la justicia), en el ámbito provincial, regional e internacional, impulsando el vínculo con instituciones nacionales e internacionales representativas del servicio de defensa pública y afines, y con organizaciones regionales e internacionales.
-	Impulsar la cobertura del servicio, en igualdad de armas con la acusación, con especial énfasis en los procedimientos de flagrancia (Ley Nº 27.277) y los juicios unipersonales.
-	Conformar cuerpos técnicos específicos, unidades interdisciplinarias y de investigación, y grupos de abordaje territorial, para coadyuvar con la cobertura del servicio de defensa pública.
-	Desarrollar y/o fortalecer políticas de transparencia, acceso a la información pública y control de gestión del funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y sus integrantes, dando cumplimiento con la normativa específica que rige en cada caso.
-	Fortalecer las acciones que realiza la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Tortura y otras Formas de Violencia Institucional y continuar con acciones concretas, con el fin de visibilizar esta terrible práctica y de sensibilizar a los distintos actores sociales respecto de la necesidad de erradicar la tortura en nuestro país. Asimismo, se prevé continuar la labor orientada a la prevención eficaz de los actos de violencia institucional y promover los derechos de las personas víctimas de hechos de violencia institucional y su atención integral.
-	Promover acuerdos de colaboración y asistencia técnica con organismos nacionales e internacionales para el fortalecimiento institucional de la defensa pública y la formación permanente de los integrantes del MPD; así como para promover la elaboración de proyectos con financiación de asociaciones, organismos y entidades nacionales, regionales e internacionales que contribuyan a cumplir la misión institucional del MPD. 
-	Brindar asistencia y colaboración al Comité Nacional de Prevención de la Tortura en los términos de la Ley Nº 26. 827 y su reglamentación.
-	Continuar realizando acciones en el marco de la “Campaña sobre Acceso a la Justicia” con el objeto de garantizar el más amplio acceso a la justicia como medio fundamental para proteger los derechos humanos; y seguir reforzando los vínculos con la comunidad a través de formas de comunicación fluida y al alcance de todos, procurando que sea accesible, inclusiva, comprensible y de calidad.
-	Promover el enfoque restaurativo, fundamentalmente, en casos de adolescentes en conflicto con la ley penal.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (JURISDICCIÓN)	
(en millones de pesos)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
1	2	Judicial	706.603 	
				
TOTAL			706.603	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (JURISDICCIÓN)	
(en millones de pesos)	
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	706.603	
		
Gastos en personal 	674.346	
Personal permanente	660.117 	
Personal temporario	10.132 	
Servicios extraordinarios	345 	
Asistencia social al personal	3.569 	
Personal contratado	183 	
		
Bienes de consumo 	3.175	
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	51 	
Textiles y vestuario	233 	
Productos de papel, cartón e impresos	704 	
Productos de cuero y caucho	2 	
Productos químicos, combustibles y lubricantes	407 	
Productos de minerales no metálicos	33 	
Productos metálicos	87 	
Minerales	0 	
Otros bienes de consumo	1.658 	
		
Servicios no personales 	13.218	
Servicios básicos	3.839 	
Alquileres y derechos	4.543 	
Mantenimiento, reparación y limpieza	835 	
Servicios técnicos y profesionales	939 	
Servicios comerciales y financieros	542 	
Pasajes y viáticos	1.677 	
Impuestos, derechos, tasas y juicios	257 	
Otros servicios	586 	
		
Bienes de uso 	15.757	
Construcciones	5.066 	
Maquinaria y equipo	8.935 	
Libros, revistas y otros elementos coleccionables	2 	
Activos intangibles	1.754 	
		
Transferencias 	107	
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	107 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
(en millones de pesos)A	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad	Procuración General de la Nación 	454.807 	6.664	0	
	A					
17	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial	Defensoría General de la Nación 	251.796 	4.287	0	
	A					
TOTAL			706.603	10.951	0	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 

 PROGRAMA 16
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA Y DEFENSA DE LA LEGALIDAD

UNIDAD EJECUTORA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa atiende al desenvolvimiento de una de las funciones esenciales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, así como la defensa en juicio (en representación de la sociedad) de la legalidad, la supremacía constitucional y la jurisdicción de los tribunales nacionales.

Estas funciones estatales son cumplidas a través de una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia.

Su natural trascendencia en el marco de la actividad pública ha merecido un tratamiento especial en la Constitución Nacional a partir de la Reforma de 1994, que la establece como una autoridad independiente y autárquica respecto de las otras tres tradicionales del Gobierno (artículo 120 de la Constitución Nacional).

Los Fiscales, que es la denominación que reciben quienes ejercen esta magistratura, actúan según su jerarquía en todas las instancias del proceso judicial como representantes en el mismo interés de la sociedad. En el ámbito propiamente penal, asumen en nombre de ésta, el deber substancial de proteger el normal desarrollo de la vida comunitaria, exigiendo ante los jueces la restauración de las violaciones que pudieran afectar dicho orden social por parte de quienes no respeten las pautas de convivencia asumidas por el conjunto de los ciudadanos, a través de las normas legales que tipifican conductas ilícitas.

Asimismo, tanto en el despliegue de los procesos penales como en el resto de los otros fueros (civil, comercial, laboral, contencioso-administrativo, previsional, etc.), los fiscales vigilan el cumplimiento de la legalidad y de las normas fundamentales, dictaminando ante los jueces.

Ahora, a raíz del Código Procesal Penal Federal -de implementación progresiva- se reformulan aspectos sumamente relevantes del rol de este Ministerio en la promoción de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ubicándolo en una posición central dentro del nuevo sistema procesal. A demás del ejercicio y la promoción de la acción penal, al Ministerio Público Fiscal le corresponderá también la investigación de los delitos y la prueba de los hechos que fundan su acusación, procurando la especialización de la investigación y persecución penal.

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
 (en millones de pesos)
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	454.807 	
		
   Gastos en personal 	434.055	
       Personal permanente                                                               	431.193 	
       Servicios extraordinarios                                                               	309 	
       Asistencia social al personal                                                               	2.504 	
       Personal contratado                                                               	49 	
		
   Bienes de consumo 	2.570	
       Productos alimenticios, agropecuarios y forestales                                                               	29 	
       Textiles y vestuario                                                               	224 	
       Productos de papel, cartón e impresos                                                               	622 	
       Productos de cuero y caucho                                                               	0 	
       Productos químicos, combustibles y lubricantes                                                               	367 	
       Productos de minerales no metálicos                                                               	26 	
       Productos metálicos                                                               	2 	
       Minerales                                                               	0 	
       Otros bienes de consumo                                                               	1.299 	
		
   Servicios no personales 	9.323	
       Servicios básicos                                                               	3.083 	
       Alquileres y derechos                                                               	3.078 	
       Mantenimiento, reparación y limpieza                                                               	746 	
       Servicios técnicos y profesionales                                                               	510 	
       Servicios comerciales y financieros                                                               	474 	
       Pasajes y viáticos                                                               	1.000 	
       Impuestos, derechos, tasas y juicios                                                               	230 	
       Otros servicios                                                               	203 	
		
   Bienes de uso 	8.822	
       Maquinaria y equipo                                                               	7.822 	
       Activos intangibles                                                               	1.000 	
		
   Transferencias 	37	
       Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes                                                               	37 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 

 
 PROGRAMA 17
REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y CURATELA PÚBLICA OFICIAL

UNIDAD EJECUTORA
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Ministerio Público de la Defensa de la Nación, es una institución orientada a la defensa y protección de los derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo a los principios, funciones y previsiones establecidas en la Constitución Nacional y leyes que rigen su funcionamiento. Debe promover toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad (Ley 27149, art. 1º).  

Además, tiene entre sus principales funciones:

-	Instar todas las acciones para la remoción de obstáculos en el acceso a la justicia y el aseguramiento del derecho de defensa e impulsar mecanismos de protección colectiva de derechos humanos.
-	Brindar asistencia y ejercer el patrocinio y representación en juicio como actor o demandado, en los distintos fueros, de quien invoque y justifique limitación de recursos para afrontar los gastos del proceso, situación de vulnerabilidad o cuando estuviere ausente.

-	Ejercer la defensa de las personas imputadas en causas penales en los supuestos en que se requiera, y realizar las medidas de investigación de la defensa que resulten necesarias.

-	Intervenir judicialmente o extrajudicialmente -según el caso- en supuestos en que se encuentren comprometidos derechos o intereses de niñas, niños y adolescentes, o respecto de quienes haya recaído sentencia en un proceso referente al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias.

-	Ejercer la tutela pública para brindar protección a los derechos, intereses o bienes de niños y adolescentes cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental; cuando exista conflicto de intereses entre los niños, adolescentes y su representante legal y en los demás casos previstos por la normativa legal. 

-	Actuar en el marco de procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica y de implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias, sea en función de defensa técnica, de representación, de apoyo o salvaguardia, según el caso.

-	Ejercer, en los casos que corresponda, la representación del consumidor o usuario ante conflictos en las relaciones de consumo, la representación de las personas en sede administrativa cuando la naturaleza de los derechos en juego exija la actuación de un defensor público oficial e intervenir en todos los procesos disciplinarios que se realicen en los ámbitos de privación de libertad o de internación.

-	Realizar visitas y tomar medidas para asegurar la vigencia de los derechos y garantías de los asistidos o defendidos alojados en establecimientos de detención, de internación o que impliquen cualquier forma de privación de la libertad.

-	Desplegar acciones de abordaje territorial y relevamiento de demandas individuales y colectivas, si las características de la problemática o la situación de vulnerabilidad las exigieren.

-	Promover la defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales mediante acciones judiciales y extrajudiciales, de carácter individual o colectivo.

-	Ejercer la asistencia técnica de las personas involuntariamente internadas por motivos de salud mental, de acuerdo a la normativa específica.

- Implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación en las siguientes Jurisdicciones: Salta, Mendoza, Comodoro Rivadavia y Rosario

Las funciones son ejercidas por los defensores públicos y funcionarios que integran la institución, así como letrados convocados para el caso concreto.

  

 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS
(en millones de pesos)	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial	Defensoría General de la Nación	232.314	
Proyectos:				
				
12	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Ríos	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	340	
				
14	Remodelación y puesta en valor de la Defensoría de Santa Fe	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	305	
				
25	Adecuación del Edificio Sede de la Defensoría de San Juan	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	160	
				
37	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Nuevo Edificio en la Ciudad de Tucumán	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	570	
				
42	Replanteo, Reforma y Reciclado de tres inmuebles en CABA	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	10	
				
43	Adecuación y Ampliación de la Defensoría de Posadas, Misiones	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	400	
				
44	Construcción de la Sede de la Defensoría de Víctimas de la Rioja	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	189	
				
45	Demolición y Construcción de la Defensoría de Neuquén	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	46	
				
50	Refacción de Inmueble Para Sede de la Defensoría de Dolores, Provincia de Buenos Aires	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	22	
				
51	Refacción de Inmueble Para Sede de la Defensoría de Junín, Provincia de Buenos AIres	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	144	
				
55	Refacción de inmueble en Av. Belgrano 1177, CABA	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	259	
				
57	Construcción de inmueble para sede la defensoría de Santa Rosa, La Pampa	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	288	
				
63	Refacción de inmueble para sede de la Defensoría de Mendoza	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	245	
				
64	Refacción y ampliación de la Defensoría de La Plata, PBA	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	510	
				
66	Construcción de la Sede de Defensoría de Santiago del Estero	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	782	
				
68	Construcción de inmueble para sede de la Defensoría de Esquel, Chubut	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	273	
				
69	Refacción de la Defensoría de San Francisco, Córdoba	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	75	
				
70	Cambio de techo y sanitarios para la Defensoría Pública Oficial de Lomas de Zamora, Buenos Aires	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	126	
				
71	Reparación del techo de la Defensoría Pública Oficial de Olivos, Provincia de Buenos Aires.	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	31	
				
72	Reparación de techo de la Defensoría Pública Oficial de Formosa, Provincia de Formosa	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	48	
				
73	Adecuación de instalaciones de incendio en edificios del Ministerio Público de la Defensa en CABA	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	243	
				
TOTAL:			237.380	

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
 (en millones de pesos)
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	251.796 	
		
   Gastos en personal 	240.291	
       Personal permanente                                                               	228.924 	
       Personal temporario                                                               	10.132 	
       Servicios extraordinarios                                                               	36 	
       Asistencia social al personal                                                               	1.065 	
       Personal contratado                                                               	134 	
		
   Bienes de consumo 	605	
       Productos alimenticios, agropecuarios y forestales                                                               	22 	
       Textiles y vestuario                                                               	9 	
       Productos de papel, cartón e impresos                                                               	83 	
       Productos de cuero y caucho                                                               	2 	
       Productos químicos, combustibles y lubricantes                                                               	40 	
       Productos de minerales no metálicos                                                               	7 	
       Productos metálicos                                                               	84 	
       Minerales                                                               	0 	
       Otros bienes de consumo                                                               	359 	
		
   Servicios no personales 	3.895	
       Servicios básicos                                                               	757 	
       Alquileres y derechos                                                               	1.466 	
       Mantenimiento, reparación y limpieza                                                               	89 	
       Servicios técnicos y profesionales                                                               	429 	
       Servicios comerciales y financieros                                                               	68 	
       Pasajes y viáticos                                                               	677 	
       Impuestos, derechos, tasas y juicios                                                               	27 	
       Otros servicios                                                               	383 	
		
   Bienes de uso 	6.935	
       Construcciones                                                               	5.066 	
       Maquinaria y equipo                                                               	1.113 	
       Libros, revistas y otros elementos coleccionables                                                               	2 	
       Activos intangibles                                                               	754 	
		
   Transferencias 	70	
       Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes                                                               	70 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
 
 LISTADO DE SUBPROGRAMAS
(en millones de pesos)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
01	Ejercicio de la Curatela Pública Oficial 	Defensoría General de la Nación	10.162	
				
02	Ejercicio del Derecho a la Protección de la Salud Mental 	Defensoría General de la Nación	4.254	
				
TOTAL			14.416	

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
  
  SUBPROGRAMA 01 
EJERCICIO DE LA CURATELA PÚBLICA OFICIAL

UNIDAD EJECUTORA
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

A través de este subprograma se atienden las acciones vinculadas al cumplimiento de una función específica del Estado que consiste en garantizar la asistencia jurídica de todo ciudadano que pueda verse involucrado en un proceso penal, así como la representación y defensa de los menores e incapaces y la curatela de los menores abandonados o huérfanos. 

 
 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
 (en millones de pesos)
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	10.162 	
		
   Gastos en personal 	10.158	
       Personal permanente                                                               	9.401 	
       Personal temporario                                                               	698 	
       Asistencia social al personal                                                               	60 	
		
   Bienes de consumo 	3	
       Productos alimenticios, agropecuarios y forestales                                                               	1 	
       Productos de papel, cartón e impresos                                                               	0 	
       Productos químicos, combustibles y lubricantes                                                               	0 	
       Productos metálicos                                                               	0 	
       Otros bienes de consumo                                                               	1 	
		
   Servicios no personales 	2	
       Servicios básicos                                                               	1 	
       Mantenimiento, reparación y limpieza                                                               	0 	
       Servicios técnicos y profesionales                                                               	0 	
       Servicios comerciales y financieros                                                               	0 	
       Pasajes y viáticos                                                               	0 	
       Otros servicios                                                               	0 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 

  
  SUBPROGRAMA 02 
EJERCICIO DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL

UNIDAD EJECUTORA
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

El subprograma encuentra su fundamento a partir del dictado de la Ley Nº 26.657 de Salud Mental, que fue reglamentada por Decreto Nº 603/2013 y tiende a obtener la protección de los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental. 

En tal sentido, la Defensoría General de la Nación cuenta con una unidad específica para garantizar un abogado defensor gratuito a toda persona internada involuntariamente y que no cuente con una representación legal. Esta unidad brinda asistencia jurídica gratuita a todas las personas internadas contra su voluntad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no designen un abogado particular.

 
 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
 (en millones de pesos)
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	4.254 	
		
   Gastos en personal 	4.253	
       Personal permanente                                                               	3.216 	
       Personal temporario                                                               	1.011 	
       Asistencia social al personal                                                               	26 	
		
   Bienes de consumo 	0	
       Productos alimenticios, agropecuarios y forestales                                                               	0 	
       Productos de papel, cartón e impresos                                                               	0 	
       Productos químicos, combustibles y lubricantes                                                               	0 	
       Productos de minerales no metálicos                                                               	0 	
       Productos metálicos                                                               	0 	
       Otros bienes de consumo                                                               	0 	
		
   Servicios no personales 	0	
       Servicios básicos                                                               	0 	
       Alquileres y derechos                                                               	0 	
       Mantenimiento, reparación y limpieza                                                               	0 	
       Servicios técnicos y profesionales                                                               	0 	
       Servicios comerciales y financieros                                                               	0 	
       Pasajes y viáticos                                                               	0 	
       Otros servicios                                                               	0 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo